Una ley que garantiza el acceso a una vivienda digna
Medidas clave de la Ley por el Derecho a la Vivienda
El proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda fue aprobado en distintas instancias a lo largo de este año. Fue avalado por el Consejo de Ministros el 1 de febrero de 2022, recibió el visto bueno del Congreso el 27 de abril de 2023 y finalmente fue aprobado por el Senado el 17 de mayo. El 25 de mayo, se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) como la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el Derecho a la Vivienda. Esta ley es una de las reformas recogidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
La nueva ley incluye una serie de medidas destinadas a aumentar la oferta de viviendas a precios asequibles, evitar tensiones en el mercado de alquiler y apoyar a jóvenes y colectivos vulnerables en su acceso a la vivienda. Además, oferce herramientas a comunidades autónomas y municipios para contener o reducir el precio del alquiler y promover el incremento del parque de viviendas en alquiler social.
Impulso de la vivienda pública y regulación del mercado
La Ley por el Derecho a la Vivienda busca fortalecer el sector de la vivienda pública y regular el mercado para proteger a los ciudadanos. Algunas de las medidas clave de esta ley son:
1. Impulso de la vivienda pública.
2. Regulación de los parques públicos de vivienda para evitar la venta a fondos de inversión.
3. Calificación indefinida de la vivienda protegida, garantizando un periodo mínimo de 30 años.
4. Establecimiento de un porcentaje mínimo del 50% de viviendas en alquiler dentro de los suelos de reserva para vivienda protegida, incrementando los porcentajes de reserva de suelo en suelos urbanizables y suelos urbanos no consolidados.
5. Creación y mantenimiento de un inventario del parque público de vivienda.
Limitación y control del precio del alquiler
La nueva ley también establece límites al precio del alquiler para evitar situaciones abusivas y garantizar la accesibilidad a la vivienda. Algunas de las medidas incluidas son:
- Beneficios fiscales o urbanísticos para viviendas de titularidad privada con alquiler a precio reducido.
- Declaración de zonas de mercado residencial tensionado con medidas para la reducción del alquiler.
- Incremento máximo anual del 3% en los contratos de alquiler vigentes durante 2024.
- A partir de 2025, se establecerá un nuevo índice de referencia para la actualización anual de los contratos de arrendamiento en sustitución del IPC, evitando incrementos desproporcionados en la renta.
Protección y equilibrio en las relaciones arrendador-arrendatario
La ley también contempla mejoras para fortalecer el equilibrio en las relaciones entre arrendador y arrendatario, así como la protección de los inquilinos en situaciones de vulnerabilidad. Algunas de las medidas destacadas son:
- Prórroga extraordinaria de un año en los contratos de arrendamiento por situaciones de vulnerabilidad social o económica acreditadas.
- Gastos de gestión inmobiliaria y formalización del contrato a cargo del arrendador.
- Protección contra desahucios y comunicación efectiva entre el órgano judicial y los servicios sociales.
- Soluciones habitacionales y ampliación de los plazos de suspensión de los lanzamientos.
- Implementación de procedimientos de conciliación o intermediación en casos de demandas de desahucio por parte de «grandes tenedores».
- Nueva definición de «gran propietario» y «vivienda vacía» para aplicar recargos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) en casos específicos.
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