El Congreso no convalida el decreto de prórroga de alquileres: qué significa para los contratos vigentes
mayo 6, 2026

El pasado martes 28 de abril, el pleno del Congreso derogó el Real Decreto-ley 8/2026, que permitía prorrogar dos años los contratos de alquiler con vencimiento entre el 21 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027, y que también limitaba al 2% las actualizaciones anuales de renta.

La norma cayó por 166 votos a favor frente a 177 en contra. La medida afectaba a algo más de un millón de contratos y a unos 2,7 millones de inquilinos.

¿Qué ocurre ahora con quienes ya habían solicitado la prórroga?

La respuesta divide a los especialistas. Hay abogados que sostienen que quienes pidieron la prórroga cumpliendo los requisitos y dentro del plazo de vigencia del decreto pueden considerar su contrato prorrogado, argumentando que la doctrina del Tribunal Constitucional establece que un real decreto-ley mantiene sus efectos incluso cuando es derogado.

Otras fuentes jurídicas defienden la postura contraria: una vez derogada la norma, los contratos que venzan en fecha posterior no podrán acogerse a la prórroga extraordinaria, y si el propietario lo exige, el inquilino deberá abandonar la vivienda.

Ante la confusión, la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) ha pedido al Gobierno que aclare con urgencia y por escrito los efectos jurídicos de la derogación, ya que la falta de claridad podría derivar en una oleada de litigios.

¿Qué contratos sí quedarían protegidos?

Solo podrían beneficiarse de la prórroga extraordinaria aquellos contratos cuyo vencimiento se produjera entre el 22 de marzo y el 28 de abril, y cuyos inquilinos hubieran solicitado formalmente la prórroga al propietario durante ese período.

La situación sitúa a propietarios e inquilinos ante una situación legal que aún no tiene respuesta definitiva, a la espera de que los tribunales o una nueva norma determinen el alcance real de la derogación.

 

Desde Talaiot Asesores Inmobiliarios, te recordamos que cada contrato tiene sus particularidades. Ante situaciones como esta, la recomendación es acudir a un profesional del derecho antes de tomar cualquier decisión.